FELISA MICELI |
La ex ministra de Economía, Felisa Miceli, podría transformarse en la primera funcionaria del kirchnerismo en recibir una condena de prisión efectiva. Es que el fiscal que impulsa la investigación en su contra por la bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho analiza ampliar las acusaciones en su contra.
En la segunda audiencia del juicio oral que afrenta Miceli, el fiscal Fernando Arrigo ya había adelantado la posibilidad de extender la acusación como una advertencia previa obligatoria en este tipo de procedimientos. Según supo Infobae, con el desarrollo del debate el Ministerio Público afirmó sus sospechas y se espera la etapa de alegatos para que se confirme la imputación.
El delito de dádivas prevé una pena de cumplimiento efectivo en caso de condena. Esa figura penal, que se sumaría al “encubrimiento” y a la de “destrucciónde documento público”, agravaría la situación de Miceli y una eventual condena a la ex funcionaria por el hallazgo de una bolsa con dinero, $100 mil y u$s31.670, en el baño de su despacho en 2007.
Oral Federal N° 2 y a la defensa de la procesada, de la decisión de "eventualmente" ampliar la acusación por el delito de dádivas, que contempla pena de hasta seis años de cárcel. La Fiscalía no descarta la posibilidad de que el dinero hallado pudo tratarse de lo que comúnmente se denomina una “coima”.
Habrá que esperar los alegatos para conocer los fundamentos que tiene el fiscal y conocer con detalles por qué considera que dicha conducta podría encuadrarse dentro del tipo penal previsto en el artículo 259 del código penal.
Según los voceros consultados, los alegatos podrían comenzar los primeros días de diciembre -se especula que el 5 de ese mes-, pero habrá que esperar a que finalicen de declarar los testigos que faltan. Esta semana comenzarán a prestar testimonio los nombres propuestos por la defensa. Miceli ya sabe que sus abogados deberán prepararse para enfrentar un final de debate complejo.
El Código Penal reprime la aceptación de dádivas por parte de funcionarios públicos y dice que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones “.
Miceli está procesada por encubrir el origen presuntamente ilícito de los $100 mil y US$31.670, y hacer desaparecer el acta original labrada por la Policía el 5 de junio de 2007.
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