FUE IMPUTADA LA INFANTA CRISTINA

INFANTA CRISTINA  y su esposo IÑAKI URDANGARÍN

La hijade los reyes Juan Carlos y Sofía fue citada a declarar por presunta complicidad en hechos atribuidos a su esposo, Iñaki Urdangarín.
La imputación de la infanta Cristina, hija de los reyes de España Juan Carlos y Sofía, por el escándalo de corrupción que afecta a su marido implica un hecho sin precedentes que marcó ayer un punto de inflexión para la corona, a la que hasta ahora se creía a salvo de cualquier responsabilidad judicial.
El juez José Castro citó a declarar a Cristina de Borbón en calidad de sospechosa el próximo 27 de abril en el tribunal de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, donde se investiga un caso que acumula ya más de 42 mil folios de instrucción.
Es la primera vez que un familiar directo de Juan Carlos y Sofía es imputado judicialmente. Cristina, la mediana de los tres hijos de los reyes, es la séptima en la línea de sucesión al trono español y el caso supone un nuevo golpe a la imagen de la monarquía, muy deteriorada en los últimos meses.
La Casa Real, que en principio se negó a hacer comentarios, manifestó más tarde su “sorpresa” ante la decisión del magistrado, dijo un portavoz que habló bajo condición de anonimato por políticas de la institución. El portavoz, que no develó detalles sobre la línea de defensa, también mostró “su absoluta conformidad” con la Fiscalía, que anunció un recurso contra el auto de Castro al estimar que Cristina no está implicada.
La imputación es una figura legal que señala que la infanta está bajo investigación pero no se aplican restricciones especiales de movimiento y tampoco se la acusa de delito formal alguno. Cristina, de 47 años, fue imputada tras conocerse unos correos electrónicos que al parecer documentaban su conocimiento de las actividades de su esposo Iñaki Urdangarín.
La acusación sostiene que el yerno del rey y su socio se apropiaron presuntamente de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín.
El cerco judicial se había estrechado mucho sobre la infanta Cristina en los últimos meses. Su secretario personal, Carlos García Revenga, fue imputado y ya testificó ante el juez Castro el pasado 23 de febrero.
Castro había rechazado antes la imputación de Cristina al no encontrar indicios suficientes de culpabilidad. Pero en un nuevo auto de 19 páginas el magistrado reconoció que el testimonio de García Revenga generó dudas sobre el papel de la infanta, quien formaba parte como vocal de la directiva del instituto en cuestión, Nóos.
El juez admitió que Cristina no participaba en las contrataciones y la labor diaria de Nóos pero cuestionó que desconociera las actividades de su marido y los beneficios económicos que ambos obtenían usando de manera supuestamente irregular el nombre de la monarquía.
Castro explicó que ese comportamiento podría calificarse como de “cooperación necesaria” o “complicidad”, según el Código Penal español, y aseguró que no imputar a la infanta cerraría la investigación y rompería la máxima de que la “Justicia es igual para todos”.
Al igual que su mujer, Urdangarín, de 45 años, está imputado y bajo investigación, pero no ha sido arrestado ni ha pisado la cárcel y todavía no ha sido acusado de modo formal de delito alguno. Su socio en el instituto Diego Torres enfrenta cargos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos que podrían sumar una condena superior a los cuatro años de prisión.
En enero pasado, el juez Castro impuso una fianza de 8,2 millones de euros (11,1 millones de dólares) en concepto de responsabilidad civil para Urdangarín y Torres, que no pagaron. Ambos recurrieron la resolución y esperan un fallo definitivo. Al tratarse de una fianza civil, no se contemplan penas de cárcel por impago.
En el auto de 542 páginas para justificar la fianza, el magistrado argumentó que los imputados utilizaron el “paraguas de bondad y de ayuda al prójimo” que se presupone a las entidades sin ánimo de lucro para “desviar fondos públicos en beneficio propio”.
Exjugador de handball, doble medallista olímpico, presentado en el pasado como marido perfecto, Urdangarín es hoy el enemigo público número uno. Fue apartado de actos oficiales de la corona y su perfil no figura en el sitio en Internet de la monarquía. Sin embargo, el caso ha multiplicado las sospechas en la ciudadanía de que los más allegados a la familia real hicieron la vista gorda a unos negocios presuntamente turbios.
La imagen del próximo 27 de abril con la hija de los reyes entrando en un tribunal de Justicia como imputada se suma a episodios como el polémico safari de Juan Carlos para cazar elefantes en África el año pasado que han minado la credibilidad de la monarquía en un país en plena crisis económica y con un desempleo de 26 por ciento.
Urdangarín y Cristina, que tienen cuatro hijos, ostentan el título de duques de Palma, la misma ciudad que investiga el caso. El grado de indignación popular llevó al ayuntamiento a retirar el nombre de “duques de Palma” a una de sus calles céntricas debido a la “conducta poco ejemplar hacia el título”.
Es sólo un símbolo, pero refleja la pérdida de reputación que sufre la monarquía en un momento especialmente difícil para la sociedad, según recogen todas las encuestas.
Además, la salud de Juan Carlos, de 75 años, se resintió en los últimos dos años en los que fue operado de una hernia, las dos caderas, la rodilla y de un tumor benigno de pulmón.
Cuando la reina Beatriz de Holanda, también de 75 años, anunció en enero que abdicaría en su hijo Guillermo, algunos quisieron establecer un paralelismo con España. En respuesta a las especulaciones sobre su continuidad, la Casa Real precisó en febrero que el rey no se plantea abdicar y no hay plan para acelerar su sucesión.