San Lorenzo de Almagro. Independiente de Avellaneda. Unión de Santa Fé, Talleres de Remedios de Escalada. Cuatro clubes de fútbol que tienen realidades deportivas diferentes que están unidos por una causa judicial sobre lavado de dinero.
El juez Sebastián Casanello tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero en la que está imputado el empresario Lázaro Báez. Las operaciones bajo análisis en la Justicia se hacían en la cueva de Puerto Madero llamada SGI. Ese lugar fue regenteado por Federico Elaskar primero y luego por el contador de Báez Daniel Pérez Gadín. Ahí se cambiaban cheques por efectivo cuyo origen se trata de averiguar.
No solo las empresas de Báez –Austral Construcciones, por ejemplo- han hecho operaciones allí. En los allanamientos realizados en SGI se halló documentación sobremás de 25 sociedades, entidades y empresas que tiene relación con la cueva financiera. Entre ellas están los cuatro clubes de fútbol mencionados y empresas de los más diversos rubros: desde productoras de contenidos para medios hasta transportistas, pasando por vendedores de combustible y hasta una sastrería de renombre.
Entre las empresas aparece la compañía Top Air, propiedad del conglomerado de Lázaro Báez, que se dedica a comercializar viajes en taxis aéreos.
Según pudo confirmar Infobae con fuentes judiciales, Casanello pidió información sobre esas entidades y empresas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Inspección General de Justicia (IGJ).
En Tribunales explican que de este modo la investigación sobre lavado se amplía a los clientes de SGI. Hay quienes piensan que de ese modo se tendrá un mapa más acabado del sistema de lavado de dinero. Mientras tanto otros señalan que eso puede ayudar a ralentizar la investigación sobre Báez y su grupo económico.
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